La pretensión gubernamental de emitir lineamientos destinados a regular a los medios de comunicación constituye un equívoco democrático. Hay que decirlo sin ambigüedades: no corresponde al poder político establecer los parámetros dentro de los cuales habrá de desenvolverse la palabra en el espacio público.
Escrito por: Saúl Arellano
La cuestión remite al fundamento del constitucionalismo mexicano. Los artículos 6º y 7º protegen la manifestación de las ideas y declaran inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Esta protección posee una significación particular: la prensa libre además de ser una actividad profesional, es de hecho una institución material de la democracia, el lugar desde el cual el poder puede ser interrogado.
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La libertad de expresión pertenece a todas las personas. Comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas y encuentra una de sus garantías esenciales en la prohibición de la censura previa. El Estado puede establecer responsabilidades ulteriores frente a conductas concretas que lesionen derechos, conforme a los estrictos parámetros constitucionales. Algo enteramente distinto ocurre al pretender convertirse en instancia tutelar de aquello que una sociedad puede escuchar, discutir y pensar.
Kant, hace más de 200 años, explicó con nitidez que la Ilustración no consistía simplemente en acumular conocimientos: Sapere aude, atreverse a saber, significa adquirir el valor de servirse del propio entendimiento. Por eso el uso público de la razón ocupaba un lugar decisivo en su concepción de la libertad. Una sociedad ejerce su libertad en la medida en que permite que sus integrantes expongan públicamente sus razones, las sometan al juicio de los demás y permanezcan abiertos a revisarlas.
La libertad de pensamiento tiene así una condición fundamental: nadie piensa enteramente solo. Pensamos mediante un lenguaje recibido de otros, confrontando argumentos, interpretaciones y experiencias que exceden nuestra conciencia. Limitar la conversación pública significa, en consecuencia, limitar las posibilidades sociales de pensar.
Por ello ante la pretensión de una regulación gubernamental de la palabra, importa preguntarse qué sucede cuando el poder determina también las condiciones normativas de la conversación mediante la cual ese mismo poder habrá de ser juzgado. Aparece una asimetría irreconciliable con el ideal democrático de libertad y diálogo político abierto a todas las voces.
Los derechos de las audiencias deben, desde luego, ser garantizados. Precisamente por ello conviene distinguir entre garantizar derechos y tutelar conciencias. Las audiencias tienen derecho a pluralidad, accesibilidad, información y mecanismos efectivos frente a afectaciones jurídicamente determinadas. De ello no se desprende que el Estado deba convertirse en intérprete general de la pertinencia o corrección del discurso público. Una democracia protege a las personas para que puedan formar libremente su juicio; no forma el juicio que considera conveniente para ellas.
Jürgen Habermas permite profundizar esta idea. La racionalidad democrática no procede de una autoridad que determina previamente cuál argumento debe prevalecer. Surge de procedimientos comunicativos donde las afirmaciones pueden ser cuestionadas y defendidas mediante razones. La esfera pública es precisamente el lugar donde una sociedad confronta interpretaciones de su realidad y construye acuerdos siempre abiertos a revisión. El consenso democrático tiene valor porque no ha sido administrado desde arriba.
El espíritu de nuestra Constitución es mucho más poderoso que la pretensión de tutela comunicativa. El artículo 3º establece una educación fundada en el conocimiento, la democracia y la lucha contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Ante la desinformación, la propaganda, los discursos de odio y las nuevas formas algorítmicas de manipulación, la respuesta democrática más consistente no consiste en reducir el campo de lo decible, sino en ampliar las capacidades sociales para comprenderlo.
La educación crítica es una política de libertad: enseñar a distinguir información de propaganda, argumento de consigna, evidencia de afirmación, interpretación de falsificación. Una democracia madura no aspira a producir ciudadanos protegidos “de las ideas equivocadas”, sino ciudadanos intelectualmente capaces de enfrentarlas. Esta tarea exige garantizar las condiciones materiales del pensamiento libre. Universidades, arte, ciencia, conectividad, bibliotecas, periodismo independiente y acceso universal a la cultura forman parte esencial de la libertad.
Por eso el debate sobre los lineamientos que propone el gobierno no debería concentrarse en su articulado. Incluso un lineamiento moderado conserva intacta la pregunta acerca de la potestad que lo hace posible. Todo gobierno produce inevitablemente una interpretación de sí mismo: construye narrativas, selecciona acontecimientos, organiza prioridades y procura persuadir acerca del significado de sus decisiones. Es legítimo que lo haga; empero, la frontera aparece cuando quien sostiene una interpretación de la realidad adquiere facultades para intervenir en las condiciones bajo las cuales circulan las interpretaciones de los otros.
La disciplina democrática del poder podría formularse así: gobernar no concede el derecho a administrar el significado. Un gobierno puede argumentar, explicar y persuadir. Debe aceptar simultáneamente que otros describan sus decisiones de maneras que considere equivocadas, injustas o incómodas.
La pregunta decisiva frente a los lineamientos no es entonces qué deberían decir, sino por qué un gobierno democrático considera necesario establecerlos. La Constitución ofrece otra ruta: educar antes que tutelar; garantizar antes que dirigir; multiplicar las voces antes que ordenar la conversación. Crear, en suma, las condiciones para que cada persona pueda ejercer aquello que Kant entendió como fundamento de la libertad en su sentido más radical: servirse de su propio entendimiento y hacerlo públicamente, junto a otros que poseen exactamente el mismo derecho.
El pensamiento libre no necesita guardianes; necesita educación, cultura, pluralidad y un espacio público suficientemente abierto para que ninguna palabra -sobre todo la del poder- pueda reclamar para sí el privilegio de ser la última.
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Investigador del PUED-UNAM
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