Una civilización entra en crisis cuando se erosionan las condiciones que le permiten reproducirse y, al mismo tiempo, pierde la capacidad de reconocer esa erosión como obra propia. Su signo más inquietante es que el poder tiende a recaer en quienes prometen remediar el deterioro, intensificando los mismos instrumentos que lo producen: más aceleración técnica sin deliberación, más seguridad armada sin protección de las personas, más crecimiento económico sin redistribución. Ahí se encuentra una de las contradicciones mayores de nuestro tiempo. Disponemos de capacidades inéditas para intervenir sobre la vida biológica, social y planetaria, pero carecemos de acuerdos suficientes acerca de la vida que merece ser construida. Nuestra potencia se ha vuelto global; pero el juicio que debería orientarla y regularla sigue fragmentado.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
La inteligencia artificial condensa como pocos fenómenos esta ambivalencia. Sus avances en la predicción de estructuras e interacciones biomoleculares abren posibilidades antes impensables para la investigación médica; su incorporación al trabajo intelectual, a la vez, modifica las condiciones en que aprendemos, investigamos y decidimos. Sería precipitado identificarla con una emancipación inevitable o con una degradación cognitiva consumada, pues ambas lecturas comparten el mismo error: suponen que la técnica determina por sí misma su sentido.
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La tarea filosófica consiste en tomar distancia y preguntar quién gobierna estas capacidades, qué dependencias generan (también geopolíticas, pues su infraestructura se concentra en pocas empresas y pocos Estados) y cómo preservar el juicio cuando delegar operaciones puede convertirse, inadvertidamente, en delegar la formulación de las preguntas que orientan nuestra existencia.
Por eso, la educación como proyecto civilizatorio y como mecanismo para la cohesión social, adquiere una responsabilidad que rebasa con mucho la actualización tecnológica: es el lugar donde se forma, o se abandona, la capacidad de juzgar. En México, incorporar inteligencia artificial a las aulas sin transformar las condiciones sociales del aprendizaje ya está profundizando las desigualdades que se prometen corregir, porque la brecha no es solo de acceso a dispositivos, sino de tiempo, acompañamiento y recursos culturales para usarlos críticamente.
Una pedagogía capaz de cultivar atención, imaginación y discernimiento requiere docentes con autonomía y formación sólida, pero también alimentación, salud, cuidados y seguridad económica, reducción de las violencias y acceso pleno y universal a los derechos para quienes aprenden. Aprender exige tiempo y cierta confianza en el porvenir. Por ello, vincular educación y protección social significa reconocer que la libertad intelectual tiene condiciones materiales y que ninguna plataforma puede sustituir la obligación pública de garantizarlas.
Esa tarea se despliega en un orden internacional que vuelve a organizarse en torno a la amenaza y la probabilidad permanente de una guerra planetaria. El compromiso asumido por los aliados de la OTAN en 2025 de destinar, hacia 2035, el cinco por ciento del PIB a defensa y gastos relacionados expresa la centralidad del rearme. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de ese mismo año reivindica la primacía de Washington en el hemisferio occidental, lo cual, para América Latina y para México en particular, dista de ser una abstracción.
Cuando territorios, recursos y poblaciones se interpretan como posiciones estratégicas de la mayor potencia mundial, se estrecha el espacio de la deliberación y el mundo común se reduce a un tablero. La seguridad se vuelve paradójica cuando proteger al Estado permite relegar la protección de las personas, y cuando cada punto del producto destinado a las armas es un punto que se le niega a la educación, la salud o la transición energética.
La transformación digital reproduce ese problema a la escala de la vida cotidiana. Los vínculos mediados por pantallas son reales, aunque prescindan de la presencia física: producen afectos, comunidades y posibilidades de encuentro. Pero se desarrollan dentro de infraestructuras privadas cuyos propietarios organizan la visibilidad y monetizan la retención de la atención de sus consumidores y usuarios.
La subjetividad se forma así en espacios donde expresarse significa también producir datos comercialmente aprovechables. Lo que está en juego no es solo la privacidad, sino la existencia misma de un espacio público compartido: si cada quien habita un entorno informativo diseñado a su medida, se debilita el suelo de hechos comunes sobre el cual es posible discrepar. La pregunta por la autonomía se vuelve entonces íntima: cuánto de lo que deseamos procede de una elaboración propia y cuánto responde a entornos diseñados para anticipar y orientar nuestra conducta a través de algoritmos que son cada vez más ocultos y inasibles para la mayoría.
El FMI proyecta para 2026 un crecimiento global en torno al tres por ciento, con marcadas diferencias entre regiones y países. En ese sentido, la cuestión civilizatoria no reside en la ausencia de riqueza, sino en su distribución y su destino final. La convivencia entre privaciones elementales y consumos suntuarios revela una organización social capaz de multiplicar mercancías sin universalizar la dignidad. En esa lógica, el acceso al bienestar, cuando depende de posiciones heredadas o de ventaja de redes y acceso a recursos y capacidades, la promesa del bien común pierde credibilidad y el futuro deja de experimentarse como una posibilidad compartida.
La crisis climática radicaliza esta fractura. Que 2024-2026 haya registrado aproximadamente 1.55 °C por encima del nivel preindustrial, implica que, a partir de ahora, cada décima adicional agrava los riesgos. La incertidumbre no justifica la espera y exige actuar con responsabilidad justamente porque desconocemos todas las consecuencias y porque los daños recaen de manera desigual sobre quienes menos contribuyeron a producirlos.
Estos procesos no son crisis paralelas, sino mutuamente determinantes. A ello se suman la pérdida de biodiversidad, la crisis de los cuidados y los desplazamientos forzados, que hacen visible en los cuerpos de quienes migran la interdependencia que los discursos de soberanía niegan. En ese entramado, la erosión democrática adquiere un significado mayor, pues lo que se debilita es la capacidad de procesar el conflicto sin convertir al adversario en enemigo, y de reconocer obligaciones hacia personas cuya vulnerabilidad no encuentra representación suficiente: los pobres, los desplazados, las propias generaciones que aún no han nacido.
Hablar de crisis civilizatoria exige, por ello, impedir que el diagnóstico se convierta en profecía paralizante. Pensar el mundo común debería conducirnos hacia aquello que a la vez nos reúne y nos separa, como una mesa que sitúa a quienes se sientan alrededor sin confundirlos; su pérdida no nos acerca, sino que nos deja sin un lugar desde el cual hablarnos.
Debemos ser capaces de comprender, como lo han advertido numerosas mentes brillantes, que cuando la acción humana alcanza escala planetaria y efectos de largo plazo, la ética debe extender su horizonte y someter nuestras capacidades a un juicio sobre sus consecuencias y sus fines. Una política a la altura del presente tendría que reunir lo que hoy se administra por separado (conocimiento, justicia, paz y habitabilidad), porque la fragmentación institucional reproduce la fragmentación del mundo y viceversa.
Nada de esto será posible sin reconstruir las capacidades del Estado, como institución capaz de garantizar las condiciones materiales de la libertad y de sostener el espacio donde una sociedad delibera sobre sus fines. Un Estado debilitado por décadas de desmantelamiento no puede regular infraestructuras digitales que lo superan en recursos, ni financiar la educación que forma el juicio, ni negociar en pie de igualdad los compromisos climáticos que exige un planeta compartido. Eso significa llevar la libertad, la igualdad y la dignidad más allá de los pocos que históricamente la han disfrutado disfrutaron, y someter la técnica, la riqueza y el poder, a un juicio público que incluya a quienes hoy carecen de voz. Significa hacer de la razón una práctica compartida de responsabilidad y devolverle al mundo común su condición de mesa, alrededor de la cual la humanidad, en su pluralidad, todavía puede reconocerse.
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Investigador del PUED-UNAM
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