Una persona ajena a los procesos penales mexicanos y a las prisiones del país pudiera pensar que la tortura es algo que solo se ve en las películas. Incluso pudiera parecer que hablar de tortura solo es recordar actos atroces que han quedado en el pasado, “es algo como de la Inquisición” dicen unos, “eso pasaba en las guerras con los prisioneros” dicen otras.
Escrito por: Layla Almaraz
Abogadas, jueces, periodistas, ministerios públicos, investigadoras, activistas, entre muchas otras personas, sabemos que la tortura y los malos tratos son prácticas cotidianas que forman parte regular de las detenciones y las prisiones en México. Sin embargo, de poco nos sirve saber, reconocer y combatir estas prácticas, si antes no logramos discutir y socializar la idea de que el combate a la tortura nos debe importar a todas y todos.
La respuesta a por qué debe importarnos es múltiple y confronta a la sociedad con sus más grandes prejuicios y con sus maneras de entender eso que se denomina justicia.
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De entrada, implica cuestionarnos quiénes son las personas torturadas y por qué son victimizadas por el Estado. Las personas sobrevivientes de tortura no son “otros” y “otras”, sin rostros, sin vidas y sin historias. Estas personas no lo “merecerían”, ni “se lo buscaron”. Independientemente de los procesos penales que enfrenten, nadie debe ser violentado de esta forma, mucho menos por el Estado.
Conocer, acompañar, defender y difundir muchas de las historias de personas sobrevivientes de tortura constituyen los primeros pasos necesarios para derribar la percepción de que estas personas son solo una estadística más y de que “merecían” ser torturadas.
Es el caso de Irma, quien fue detenida hace casi una década y permanece en prisión sin una sentencia. Al momento de su detención, ella y sus dos hijos menores de edad fueron torturados. Irma llevaba años sobreviviendo a la violencia ejercida por su entonces pareja y ahora enfrenta la violencia de un sistema que no le garantiza justicia ni condiciones dignas de internamiento. Irma habla desde el encierro: “Mi voz se pierde, casi no la reconozco. Si tuviera un espejo enfrente diría “¿Quién es ella? ¿Soy yo? ¿Así es mi rostro? ¿Se ha transformado?” Desde hace más de ocho años estoy sola y he aprendido que la libertad es un lujo que no todos pueden permitirse”[1].
Es el caso también de Leopoldo quien fue detenido ilegalmente en 2012 y brutalmente torturado por más de una docena de policías. Él enfrentó horas de tortura resistiéndose a confesar, su cuerpo y mente sobrevivieron a la asfixia, las amenazas, la humillación y la violación sexual. Leopoldo señala que la tortura que sufrió: “es lo más doloroso que a uno le puede pasar, acabaron conmigo, mejor me hubieran matado”. Leopoldo actualmente permanece en prisión preventiva enfrentando las consecuencias de ser pobre y de ser criminalizado por ello, por vivir en una casa de techo de cartón y por utilizar como herramienta de trabajo en el campo un azadón.
Estas páginas no alcanzarían a relatar las historias de tantas personas sobrevivientes de tortura quienes además permanecen injustamente encarceladas. Las violaciones a los derechos humanos de Irma, Leopoldo, Brenda, Verónica, Alejandro, María, Eduardo y miles más, no deben normalizarse, mucho menos ser avaladas por un sistema de justicia que mantiene en prisión a culpables fabricados, bajo la mirada indiferente de una sociedad que decide, consciente o inconscientemente, creer que eso es justicia.
Además, en un país en el que la tortura sigue siendo generalizada, la otredad no es una postura que garantice que no te pasará a ti. En un evento público reciente, Mónica González Contró señalaba que en México existe una amplia tolerancia a la tortura y que uno de los principales retos consistía en generar una “actitud cultural de condena hacia la tortura”, sin perder de vista que “cualquiera de nosotras y nosotros podemos ser víctimas de una detención y víctimas de tortura” [2].
Ante un escenario tan complejo, los retos son inmensos, sobre todo para aquellos actores que están involucrados en el sistema de procuración e impartición de justicia. En este sentido, las personas defensoras públicas tienen un papel crucial no solo para garantizar el derecho a la defensa adecuada de miles de personas, también se constituyen como una salvaguarda fundamental, a veces única, para identificar, documentar y denunciar la tortura.
Los esfuerzos recientes de la Defensoría Pública Federal en materia de combate a la tortura son destacables. Con la creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en 2019, la Defensoría marcó el inicio de una lucha frontal contra la impunidad que generalmente rodea a la tortura y a los malos tratos. No solo se impulsaron litigios que pretenden generar cambios estructurales y la implementación efectiva de la Ley General en la materia, también se apostó por el fortalecimiento del trabajo tan importante que realizan las personas defensoras públicas.
En una época en la que constantemente nacen nuevos manuales, protocolos, lineamientos y estándares en materia de derechos humanos, para la Defensoría Pública Federal era crucial ofrecer a las personas defensoras públicas herramientas prácticas que les acompañaran en la documentación y denuncia de la tortura y los malos tratos. Bajo esta lógica se crearon la Cédula de Atención para documentar la tortura y los malos tratos y la Guía para el uso adecuado de la Cédula[3].
Estas herramientas pretenden otorgar una ventaja a las personas defensoras públicas, pues la experiencia histórica ha mostrado que la tortura y los malos tratos son prácticas atroces que evolucionan conforme a los tiempos y las sociedades. Frente a esto, el paradigma de protección a los derechos humanos también tiene que evolucionar y crear nuevas formas y mecanismos efectivos para documentar la tortura y proteger los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Ante condiciones tan adversas como las actuales, el trabajo de las personas defensoras públicas requiere de compromiso, responsabilidad y dinamismo; la Cédula de Atención y su Guía pretenden abonar a acompañar y fortalecer este trabajo. Si bien la Cédula de Atención tiene como objetivo orientar las entrevistas entre personas defensoras y representadas, la Guía es una herramienta que puede y debe ser consultada por una amplia variedad de actores.
Al haber sido desarrollada por especialistas en materia jurídica, de medicina, psicología y armas, la Guía no se convierte en un documento estático que se limita a ofrecer definiciones legales y jurisprudenciales de la tortura y los malos tratos, sino que permite entender cómo hacer entrevistas efectivas, qué tipo de lesiones y secuelas dejan ciertos tipos de armas, qué detalles observar en los cuerpos de una persona que ha sido torturada, cómo documentarlos, entre otras cuestiones.
De forma destacable, la Guía se convierte en el primer documento de su tipo que incorpora los Principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información, los “Principios Méndez”. Esta no es una cuestión menor pues acerca a las personas defensoras públicas y demás personas usuarias de la Guía el concepto del rapport, que se traduce en la habilidad de generar una conexión con la persona entrevistada, basada en la confianza y el respeto a la dignidad humana. Esta es una habilidad fundamental, sobre todo al momento de documentar los sufrimientos y secuelas que deja la tortura sobre una persona, así como los impactos que esto tiene sobre el proceso penal y la eventual exclusión de pruebas.
Considerando que las personas defensoras públicas han adquirido un rol cada vez más activo en el combate a la tortura y en la defensa de los derechos de las personas que representan, cada esfuerzo por fortalecer y enriquecer su trabajo es valiosísimo. Más si se trata de proyectos que, como lo señaló Netzaí Sandoval Ballesteros, Director de la Defensoría Pública Federal, recuerdan la importancia de que se ponga en el centro a las personas, sobre todo a las más vulnerables.
Ni al Estado ni a la sociedad mexicana se les puede olvidar que la tortura no acaba con los golpes, las amenazas o los insultos en la detención; continua por muchos años más y se convierte en una cadena de violaciones a derechos humanos que parece no detenerse. Las historias de tantas personas sobrevivientes de tortura deben importarnos a todas y todas, al igual que todos los esfuerzos que desde la sociedad civil y las instituciones se generen para combatir estas prácticas atroces.
Sin duda las instituciones no merecen aplausos o reconocimientos especiales por hacer su trabajo. Sin embargo, sus esfuerzos sí deben ser acompañados y respaldados por la sociedad, sobre todo cuando se lucha por los derechos humanos de las personas más vulnerables, como lo son las sobrevivientes de tortura que se encuentran en prisión. A las voces de unas cuantas se deben sumar miles más, generando no solo indignación, también exigencias.
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Claro que es difícil entender y relacionarse con el sufrimiento de las demás, sobre todo si se desconocen los contextos de las personas en conflicto con la ley penal y se castiga por adelantado a los “presuntos culpables”. No obstante, no puede olvidarse que la tortura no solo rompe a las personas, también rompe los procesos penales, y, en consecuencia, es imposible pensar en justicia verdadera. Mientras no se garanticen actuaciones policiacas y ministeriales respetuosas de derechos humanos y procesos penales sólidos y libres de tortura, estaremos creyendo en una justicia ciega.
Debemos aspirar a construir un sistema de justicia que no se base en mentiras, nos debe importar saber la verdad. La tortura es el principal obstáculo para conocer la verdad y por eso su combate debe importarnos a todos y todas.
Layla Almaraz
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una Maestría en Derechos Humanos en la University College London (UCL) en Reino Unido.
Cuenta con experiencia en investigación, jurídica, económica y social; y en la práctica del derecho internacional, económico, de derechos humanos y de ejecución penal. En los últimos años, ha centrado su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, específicamente mujeres privadas de libertad. Ha realizado este trabajo desde espacios dentro de la sociedad civil organizada, así como desde el Instituto Federal de Defensoría Pública. Actualmente, es Directora en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP.
[1] Véase “Nadie me visita”, escrito por Irma y publicado en Bucareli 22, una publicación de la Defensoría Pública, Año1, Vol. 4, p. 15.
[2] Presentación de la “Guía práctica para el uso adecuado de la cédula de atención de casos de tortura”, 9 de marzo de 2022. aquí Disponible
[3] Disponible aquí para su consulta.
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