El reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los establecimientos particulares de salud permite mirar una de las contradicciones más profundas del desarrollo mexicano: la expansión del mercado sanitario ocurre, en buena medida, allí donde el Estado no logra garantizar efectivamente el derecho a la protección de la salud. La oferta privada no crece únicamente como resultado de una mayor prosperidad o de la libre elección de las personas; también se expande porque encuentra necesidades desatendidas, tiempos de espera excesivos, tratamientos interrumpidos y servicios públicos insuficientes.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En 2025 operaron en el país 2,689 establecimientos particulares con camas censables, distribuidos en apenas 554 municipios y demarcaciones. Casi la mitad se concentró en sólo 59 municipios. Esta distribución confirma que la geografía de los servicios privados coincide con la del ingreso, la infraestructura y la centralidad urbana. El mercado se instala donde existen capacidad de pago, comunicaciones, especialistas y economías de escala; no necesariamente donde se concentran las mayores necesidades sanitarias.
Te invitamos a leer: La trata de personas y el déficit de la respuesta institucional
La distribución de las camas privadas reproduce esta desigualdad: 55.4% se localiza en siete entidades y más de 60% de los hospitales particulares tiene menos de diez camas. No estamos, por tanto, ante una red nacional articulada, sino frente a una oferta fragmentada y territorialmente selectiva. Su crecimiento, en evidencia, no sustituye la responsabilidad pública ni constituye por sí mismo un sistema: multiplica establecimientos, pero no necesariamente construye universalidad.
Éste es el límite fundamental de concebir la salud exclusivamente como una mercancía. El mercado puede ampliar la oferta, incorporar tecnología y responder con rapidez a ciertos segmentos de la demanda, pero carece de la obligación de corregir desigualdades territoriales. Su racionalidad no consiste en garantizar derechos, sino en identificar demanda solvente. En ese sentido, es importante destacar igualmente la desigualdad en la calidad de la oferta privada, pues mientras que hay servicios de alta calidad, otros carecen de lo mínimo para su operación cotidiana, poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas que recurren a ellos.
Frente a lo anterior, el Estado tiene una responsabilidad doble: por una parte, ejercer su responsabilidad de regular y supervisar que los servicios que oferta el mercado privado sean de calidad y se otorguen respetando la dignidad de las personas; y por el otro, generar las estrategias para que esos servicios respondan a las necesidades nacionales y no solo a los ámbitos que estrictamente son de interés de la iniciativa privada.
En ese sentido, es revelador observar qué servicios ocupan un lugar creciente en la atención privada. La inhaloterapia y la rehabilitación representan la mayor parte de los procedimientos terapéuticos; asimismo, se ha fortalecido la presencia privada en diálisis, radioterapia, quimioterapia, análisis clínicos, diagnóstico por imagen y cuidados intensivos
En esa lógica, debe comprenderse que cada vez más familias se ven obligadas a vender bienes, endeudarse o recurrir a colectas para financiar su atención a la salud, todo o cual implica una transferencia de responsabilidad y riesgo desde el Estado hacia los hogares. La enfermedad se convierte entonces en un mecanismo de empobrecimiento, y la desigualdad económica termina traduciéndose en desigualdad frente al dolor, la discapacidad y la muerte.
La insuficiencia es estructural. México dispone, considerando el sistema completo, de 2.7 médicos y tres enfermeras por cada mil habitantes, frente a promedios de la OCDE de 3.9 y 9.2, respectivamente. Cuenta, además, con una cama hospitalaria por cada mil habitantes, frente a 4.2 en esa organización. La raíz del problema se encuentra también en el financiamiento. La OPS considera que destinar recursos públicos equivalentes a 6% del PIB es una condición necesaria para reducir inequidades. México permanece muy lejos de ese referente.
México tiene instituciones que necesitan urgentemente más recursos, derechos diferenciados según la condición laboral y un mercado que selecciona territorios y capacidades de pago. La salud deja así de ser una garantía común y depende del lugar de nacimiento, del empleo, del patrimonio; y esto, en síntesis, constituye una condición radical de injusticia.
también podría interesarte: Protección a las audiencias
¿Por qué necesitamos su ayuda? Porque somos una organización independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones. Dependemos de su generosa contribución. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad. Ayúdenos a difundir la verdad, comparta este artículo con sus amigos.
