El juicio que se sigue en los Estados Unidos de América en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna es quizá el evento más relevante de este tipo en la historia de nuestro país. Si bien es cierto que ya con anterioridad han sido procesados y sentenciados ex gobernadores por crímenes similares a los que hoy se imputan al ingeniero García Luna, nunca había ocurrido que la persona que por años fue responsable directo del combate al crimen organizado, sea señalado de ser cómplice directo de varios cárteles de la droga.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El daño reputacional que esto implica para el Estado mexicano es mayúsculo. Y lo es más por el hecho de que el juicio no se está llevando a cabo en los tribunales mexicanos, en los que, por diversas razones, no se han tenido casos de esta magnitud, lo cual preocupa profundamente porque pone en entredicho la capacidad de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia para armar expedientes serios, creíbles y con evidencia suficiente para sancionar a quienes violan la ley en esta magnitud y dimensiones.
El juicio a este personaje implica además un severo cuestionamiento a la política anti drogas que se ha seguido tanto en México como en los Estados Unidos de América, el país con el mayor consumo de estupefacientes del planeta y donde operan igualmente poderosas redes de producción y distribución de sustancias adictivas ilegales, en el contexto del mayor mercado global, legal e ilegal de armas.
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En segundo lugar, el daño reputacional para el Estado mexicano se deriva de la necesaria apreciación respecto de que, si no es un narco-Estado, sí es uno profundamente corrupto, en el que el Estado de derecho es una realidad muy lejana y donde la vigencia de la legalidad está permanentemente comprometida debido al poder corruptor de las redes criminales que operan en el país y a escala trasnacional.
Preocupa igualmente que uno de los testigos anunciados en el citado juicio sea el ex fiscal general de justicia de Nayarit, lo cual obliga necesariamente a preguntarse si se trata de un caso aislado, o hay más personajes con cargos similares, que en el pasado o ahora mismo, sean literalmente empleados de los cárteles de la droga, sobre todo en las entidades donde hay mayores niveles de violencia armada asociada al crimen organizado, como Colima, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo y recientemente, Sonora y Zacatecas.
De llegar a confirmarse los cargos que se imputan al ex secretario, no habrá forma de no dar la razón al Ejecutivo Federal respecto de sus permanente crítica respecto de la corrupción rampante de las últimas décadas; e incluso a nivel discursivo, si no se confirman jurídicamente las acusaciones, siempre tendrá el recurso de señalar que fue una larga lista de testigos la que señalaron directamente al personaje.
Preocupa y enoja que aun cuando se han invertido miles de millones de pesos en la reforma al sistema de justicia para construir el nuevo modelo adversarial, los tribunales siguen estando desbordados, decenas de miles de personas están en prisión sin sentencia o de manera flagrantemente injusta, y en la vida cotidiana vemos a un país de víctimas que claman por justicia viviendo todo el tiempo la desprotección, abandono y hasta agresión del Estado.
Pase lo que pase en aquel juicio, el enorme reto que tendremos en el país es recuperar la credibilidad en las instituciones de seguridad pública, en las fiscalías y en los tribunales de todos los niveles. Porque de forma estructural, en todas las encuestas del INEGI en que se abordan estos temas, la percepción de corrupción, ineficacia y desconfianza son inaceptablemente elevados.
El juicio a García Luna tiene un enorme significado simbólico para México; y debemos aprovecharlo para replantearnos las preguntas fundamentales en todo a cómo construir un país de leyes y donde el acceso a la justicia sea efectivamente uno de los mayores y apreciados bienes sociales para todas y todos.
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Investigador del PUED-UNAM
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