El pasado 1º de abril la Cámara de Diputados recibió el documento que servirá de base para la planeación económico de 2023, y en los próximos meses se ajustará la información con la que se presentará el programa hacendario del año entrante. Habrá cambios en los supuestos de trabajo, pero, por lo pronto, el panorama es preocupante y prolonga el escenario de lenta e insuficiente recuperación.
Escrito por: Enrique Provencio D.
En la catarata de temas críticos que se ventilan estos días, empezando por el ejercicio de revocación de mandato del próximo domingo, la presentación de los Pre-criterios de política económica para el siguiente año podría considerarse como un asunto secundario. No lo es, porque incumbe a cuestiones sociales críticas del futuro cercano.
Nos deberíamos dar tiempo para hablar públicamente de lo que nos espera si la política económica sigue igual que ahora. Los Pre-criterios de 2023, precisamente, solo confirman una ruta que mantiene o agrava las perspectivas de desempeño mediocre de la economía y agudiza el panorama de insuficiencia hacendaria crónica que estamos viviendo.
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El ancla general que perfila el programa presupuestal del quinto año del actual gobierno es el resultado esperado de crecimiento económico. Cuando se aprobó el paquete hacendario de 2022 se esperaba que la economía creciera en 4.1 por ciento real, pero desde hace al menos cinco meses ya había evidencias de que no se alcanzaría esta meta. Ahora la Secretaría de Hacienda espera que el crecimiento sea de 3.5 por ciento el presente año, casi el doble de lo que promedian las demás estimaciones.
Esta discrepancia no es solo un detalle técnico, pues un crecimiento de la economía menor al estimado, puede hacer bajar más los ingresos públicos y poner más presión sobre muchos programas presupuestales, incluyendo los de inversión. La mejora de los ingresos petroleros puede salvar la situación, siempre y cuando no se destinen todos a subsidiar la gasolina, pero esa ganancia puede acabar en 2023.
De la inversión pública se habla poco en los nuevos Pre-criterios, pero debería ser uno de los aspectos clave a revisar, pues hoy apenas representa la mitad de la que había a mediados de 2009. De ese tamaño es el problema, que está repercutiendo en el rezago de la infraestructura crítica y en la creación de capacidades para ampliar las capacidades productivas futuras. La inversión privada, por su parte, es ahora un 15 por ciento menor a la de 2018.
Viendo este panorama, no debería extrañarnos que se venga debilitando la dinámica de la economía, que se reduzca su crecimiento potencial. Primero el estancamiento de 2019, luego la gran crisis de la pandemia y sus secuelas, incluyendo la inflación, ahora las repercusiones globales de la invasión a Ucrania, todo ha contribuido indudablemente al turbio escenario que tenemos enfrente.
Ante este panorama, sin duda complejo, los Pre-criterios confirman el rumbo inercial de la política económica, ratifican una actitud pasiva, que no se anima a echar mano, siquiera, del margen para ampliar el gasto de infraestructura. Los 62 proyectos prioritarios de inversión pública representan solo 1.7 puntos porcentuales del producto interno bruto.
Esta proporción incluso podría bajar más en el futuro cercano, pues las presiones de los gastos que no podrán detenerse, como las pensiones y las participaciones, reducirán el margen para la inversión. Para 2023, de hecho, se proyecta que el gasto programable se reduzca más de tres por ciento, lo cual pondrá en riesgo las acciones que no están entre las prioritarias de la actual administración.
Los Pre-criterios para 2023 enfatizan, eso sí, que se trata de una propuesta muy responsable, que cuida los equilibrios financieros y que avanza en el logro de un superávit primario. Sigue siendo una paradoja, pues esos eran justamente los criterios que amarraban las finanzas públicas hasta antes de 2019. En eso el cambio sigue sin verse.
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Alarman la gran cantidad de manifestaciones gubernamentales de desprecio a las reglas básicas de la convivencia política, la violación explícita a las restricciones que tienen los servidores públicos para intervenir en un proceso como el que se realizará este domingo 10 de abril. El Secretario de Gobernación utilizó recursos públicos –un avión de la Guardia Nacional- para realizar una gira proselitista y los proclamó a los cuatro vientos. El proceso de revocación de mandato fue adulterado, ni más ni menos, y fue convertido en un acto propagandístico más.
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