A la administración 2018-2024 le quedan, descontando las dos semanas de asueto de diciembre, y la llamada Semana Mayor, prácticamente 51 semanas de trabajo efectivo. En términos de “tiempo de gobierno” eso es apenas un suspiro que impone un doble reto: por un lado, cerrar todos los programas y presupuestos asignados; y por el otro, preparar la transición del gobierno para entregar un gobierno funcional y estable a la nueva administración que habrá de comenzar el 1º de octubre del próximo año.
Escrito por: Saúl Arellano
Este gobierno ha optado por el despliegue de una retórica permanente que, por una parte, fustiga a todas y todos los que no comulgan con sus ideas y acciones; y por la otra, reviste de tintes épicos cualquier actividad desarrollada, tratando de que, incluso en aquellas áreas donde hay francos fracasos y retrocesos, se ponderen como si fuesen equivalentes al triunfo mexicano en la Batalla de Puebla.
El debate político está plagado siempre de pasiones y valoraciones que responden casi siempre a las preferencias e identidad ideológica, antes que a un análisis crítico y sensato respecto de lo que se ha conseguido y lo que no. Y eso sólo puede llevarse a cabo con base en evidencia, la cual debe ponderarse cualitativamente para determinar si lo que se ha llevado a cabo tiene pertinencia y debe o no continuar en la administración que habrá de tomar las riendas del país.
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Así, al final de toda administración, lo que cuenta es la valoración objetiva entre las propuestas que se plantearon como propuesta de campaña para llegar al cargo, y los resultados medibles y verificables a partir de los procesos de planeación e implementación de las políticas públicas mediante las cuales se pretende potenciar las capacidades del país para garantizar los derechos humanos y el bienestar universal.
En el caso del gobierno del presidente López Obrador se plantearon grandes metas nacionales: a) consolidar la democracia; b) erradicar la violencia; c) erradicar la corrupción; d) construir un sistema nacional de salud de cobertura universal y con acceso gratuito de medicamentos para todas y todos; e) generar empleos suficientes y elevar el ingreso de las y los trabajadores; y f) reconstruir un sistema educativo nacional capaz de garantizar cobertura universal y educación pertinente y de calidad.
En el primer rubro, es difícil encontrar indicadores suficientes para dimensionar lo que se ha conseguido. Sin embargo, tanto la polarización ideológica como la persistencia de condiciones de malestar social, han llevado al mayor retroceso de apoyo ciudadano a la democracia en la historia reciente del país, de acuerdo con los datos presentados recientemente por Latinobarómetro.
En materia de erradicación de la violencia, los datos son además de contundentes, catastróficos y tristes. Esta administración pasará a la historia como la más sangrienta en los últimos cincuenta años; pero también en la que en mayor medida crecieron los delitos que atentan contra las familias; contra la libertad y la seguridad sexual de las personas; además del periodo con mayor número de feminicidios y personas desaparecidas y no localizadas.
En el ámbito de la erradicación de la corrupción, este sexenio ha estado marcado por múltiples escándalos que han llegado a probables desfalcos por decenas de miles de millones de pesos, como en el caso de SEGALMEX; además de la opacidad y de la ausencia total de transparencia con que se ha movido el gobierno.
Respecto del sistema nacional de salud, los resultados son poco más que un desastre. El INSABI fue la peor propuesta que se ideo y trató de implementar, lo cual costó centenares de miles de muertes en todo el territorio nacional por la pandemia de la COVID19; amén de los graves problemas que se han acumulado y profundizado en materia de infraestructura, calidad y reducción de la oferta de servicios de los que depende la salud y vida de las persona, como la atención a niñas y niños con cáncer, y la detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama, entre muchos otros problemas epidémicos como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
En materia de generación de ingresos y elevación de los ingresos en el rubro en que se tienen los mejores resultados: se recuperó de manera importante el poder adquisitivo de los salarios, se redujo la pobreza laboral, y se tuvo un impacto relevante en la medición multidimensional de la pobreza; todo lo cual palidece sin duda frente a lo previamente dicho.
Finalmente, se encuentra el tema de la reforma educativa que resultó en un bodrio altamente cuestionado, que tuvo como corolario el debate nacional en torno a los libros de texto gratuitos. Sin embargo, quedaron por resolver también las cuestiones relativas a la infraestructura educativa, a la cobertura y asistencia efectiva, la recuperación de saberes perdidos durante la pandemia, y el abandono de esquemas que funcionaban, como lo era el de las escuelas de tiempo completo.
Los datos que sustentan esta argumentación se encuentran anda menos que en los anexos del Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión, los cuales contradicen al discurso triunfalista que tiene el gobierno respecto de su actuación y de la pretendida eficacia de sus políticas y programas emblemáticos.
Como se observa, entre las promesas y compromisos estructurales del gobierno existe una distancia abismal Sin duda, este gobierno no ha sido peor que sus antecesores, pero tampoco hay evidencia que permita siquiera dar el “beneficio de la duda”.
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