por Max Kaiser
Unos años después de la transición a la democracia aumentaron la frustración y la desconfianza en el sistema
Con la transición a la democracia se activó un impulso reformador que tenía como objetivo el rediseño del Estado mexicano. Uno de los primeros focos de atención fue la opacidad del sistema de partido hegemónico, que prevaleció durante varias décadas. La oscuridad en el ejercicio del gobierno fue una de las prioridades en este primer impulso reformador de la joven democracia.
Para atacar la opacidad se crearon las primeras leyes en favor de la transparencia, y poco a poco aprendimos a ver a través de las paredes opacas del gobierno. De manera paulatina fuimos descubriendo los procesos, los flujos y las formas de actuar al interior del aparato gubernamental. La apuesta era simple: al ser observado, el gobierno actuará de manera adecuada, disminuirá la corrupción y aumentará la calidad de los servicios.
Unos años después, lo que aumentó fue la frustración y la desconfianza en el sistema democrático. Esta es una paradoja que nadie vio venir, y que puede ser difícil de explicar.
En el año 2002, 63% de los mexicanos creíamos que la democracia era “el sistema preferible” de gobierno, según los estudios que publica año con año Latinobarómetro. Para 2015, sólo el 48% de los mexicanos considera a la democracia como el sistema “preferible”. Una de las explicaciones que propongo para entender esta paradoja es que con la transparencia se hizo evidente que la corrupción era parte del sistema. Los mexicanos pudimos ver a través de las paredes del gobierno, y nos dimos cuenta de que los intereses privados solían prevalecer al interior del gobierno.
Pero no sólo eso. Además nos dimos cuenta de que la mayoría de las veces esto sucede sin consecuencias para quienes privilegian intereses privados en el ejercicio del poder público. La impunidad como regla del sistema.
Transparency International creó un estudio que ilustra esta percepción. Se llama Global Corruption Barometer. Este estudio implica más de 1,000 en- cuestas directas en cada uno de los 107 países donde se realizó. De las distintas preguntas que se realizan, extraigo dos y sus resultados en 2013:
1. ¿Hasta qué punto el gobierno de su país está manejado por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses?
De acuerdo con los datos de este estudio, 62% de la población mexicana considera que el gobierno está manejado “mucho” (36%) o “completo” (26%) por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses.
2. En el trato con el sector público, ¿qué tan importantes son los contactos personales para resolver su necesidad?
La respuesta de la población mexicana deja en evidencia la desconfianza que tiene hacia los canales institucionales que todo sistema democrático debería de tener. De acuerdo con 78% de los encuestados es “importante” (38%) o “muy importante” (40%) tener contactos personales en el trato con el sector público para resolver una necesidad.
Estas respuestas nos permiten ver que, por lo menos en la percepción de los mexicanos, el gobierno democrático por el que tanto se luchó es en realidad un aparato manejado por unas cuan- tas personas que promueven intereses particulares.
Esta característica del sistema mexicano que perciben los ciudadanos tiene un nombre: corrupción, y según el INEGI es una de las dos preocupaciones más importantes de los mexicanos.
Dos problemas afectan nuestra vida como ningún otro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI de 2015: la inseguridad y la corrupción.
Cuando el INEGI preguntó a los mexicanos sobre los problemas más graves en el país y en su entidad, el 66% mencionó la inseguridad y el 51% la corrupción. En términos absolutos, de los 46 millones de mexicanos mayores de 18 años, 30 millones creen que la inseguridad es un problema que afecta su vida cotidiana y 23 millones opinan lo mismo de la corrupción.
Estos dos problemas impactan de manera directa en los dos siguientes que la población considera los más relevantes en el país, que son el desempleo (40%) y la pobreza (36%).
La inseguridad ha convertido a varias ciudades del país en lugares inhóspitos, en los que el Estado parece ausente y las leyes inexistentes. Esto es veneno para la inversión, la creación de nuevas empresas y el sostenimiento de las ya existentes y, por lo tanto, para el empleo.
Las empresas que sobreviven en estos contextos de inseguridad, además, están constantemente sometidas a la creciente corrupción. Según la ENCIG, sólo el año pasado, cuatro millones de mexicanos experimentaron directamente un acto de corrupción en alguno de los trámites que realizaron. Esto es una tasa de 12 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. La inseguridad y la corrupción son una combinación nefasta que acaba con las economías locales y con el empleo.
La pobreza también parece tener una potente explicación en la corrupción. Según el reporte del CONEVAL publicado el año pasado, los estados con mayor porcentaje de mexicanos que viven en situación de pobreza son: Chiapas (76%), Oaxaca (66%), Guerrero (65%), Michoacán (59%) y Veracruz (58%). Según la ENCIG, el 94% de los chiapanecos considera que la corrupción en su entidad es “muy frecuente/frecuente”, así como 92% de los oaxaqueños, 93% de los guerrerenses, 90% de los michoacanos y 86% de los veracruzanos. Estados altamente corruptos, que no han podido atacar eficazmente la pobreza.
La ENCIG también parece revelar el porqué de nuestra frustración como sociedad. Los dos encargados primarios de atender estos temas, inseguridad y corrupción, son también los actores con la peor percepción de corrupción: la policía, en primer lugar, y los partidos políticos en segundo. El 89% de los mexicanos consideramos que la corrupción es “muy frecuente/frecuente” en la policía, y el 88% creemos esto mismo en el caso de los partidos políticos. Nuestra confianza en quienes deberían atacar y resolver en principio estos dos problemas es casi nula.
Así, la transparencia en esta primera etapa de la democracia mexicana nos sirvió para conocer todo aquello que está mal con nuestro Estado, pero no daba las respuestas ni las soluciones. Esto generó frustración. Entendimos que la corrupción y la inseguridad son problemas mucho más complejos de lo que imaginábamos.
La transparencia sirvió para comprender que la corrupción se da en tres planos:
1. Institucional. Diseño del Estado, sus leyes, instituciones, procesos y estructuras.
2. Personal. Quienes ocupan los cargos de poder.
3. Social. Relación de la sociedad con el Estado.
Con esta nueva conciencia, una parte de la sociedad mexicana decidió dejar la frustración a un lado y se creó un movimiento sin precedentes.
La iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3 entendía los tres planos del problema de la corrupción y buscó atajarlos con una propuesta de ley: la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trataba no sólo de reformar el sistema legal, sino de incidir en la conformación de la agenda pública.
El apoyo social que empujó a esta iniciativa no tiene un referente histórico. Una propuesta de cambio legal se convirtió en un movimiento social articulado. La clase política no tuvo más remedio que tomar esta iniciativa como base de la discusión e incorporar a sus promoventes a la discusión de las otras seis leyes que conformarían el Sistema Nacional Anticorrupción. El 17 de junio el Congreso de la Unión aprobó el paquete completo de leyes, con dos artículos que serán materia decontroversia, pero otros 600 que llevan propuestas directas de la sociedad.
Así, la frustración que se había acumulado durante 16 años, después de la transición democrática, se canalizó en un ejercicio democrático positivo.
Falta mucho por reformar, y más aún, por implementar. Sin embargo, esa gran paradoja que nunca vimos venir puede ser una de las causas de que hoy los mexicanos hayamos irrumpido en el Congreso de manera institucional para decir: ya basta.
| Max Kaiser Director de Anticorrupción, IMCO |
