Desde hace ya varios años, es recurrente ver imágenes en video, exponenciadas por las redes sociales, relativas a auténticos desfiles de fuerzas del crimen organizado, realizando La propaganda de fuerza, transitando por las calles de pueblos, comunidades rurales, pero también, de manera alarmante, cada vez más en ciudades medias y en zonas urbano-marginadas de ciudades de gran magnitud, en los que, sobre todo, se hace patente la impunidad con la que operan y el control que tienen sobre los territorios.
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Se trata de actos que constituyen no sólo una provocación a las fuerzas armadas y de seguridad pública, sino también un mensaje a la población, relativo a quién manda, quién tiene el control del territorio.
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Son actos de la peor propaganda, altamente dañina, que lastima al orden institucional porque es la que se genera desde la ilegalidad más brutal y muestra cómo la población es presa de los grupos que asesinan, extorsionan, secuestran, cobran piso y establecen su propia lógica de mando.
Es muy grave que los grupos de la delincuencia organizada hayan decidido, desde hace ya tiempo, salir de la clandestinidad y establecer con toda claridad quién o quiénes toman las decisiones en determinados territorios: quién circula, quién vende y quién compra determinados bienes y servicios; y quién puede o no decir o hacer públicamente qué cosas.
Hace varios meses circuló “viralmente” un video mostrando una fila de decenas de vehículos de tipo militar en Jalisco con el claro objetivo de intimidar a las fuerzas locales y estatales. Y una vez más, en Pátzcuaro, Michoacán, se vieron imágenes de decenas de camionetas con sujetos con armas de todo tipo, ocupando durante varias horas a la ciudad, sin que ninguna autoridad reaccionara ante la provocación.
Sabemos también que, desde hace varios meses, varios tramos carreteros en el país están controlados por varios cárteles, siendo recientemente el más notorio el que conecta a Apatzingán con Aguililla; y que el Estado no ha decidido recuperarlas y restablecer el orden legal.
El hecho de que caravanas de vehículos puedan circular por carreteras federales, estatales y rurales, sin que nadie se los impida, plantea la pregunta en torno a cómo operan los sistemas de información e inteligencia del país; a si están infiltrados por la delincuencia, o si la decisión es simplemente dejarlos hacer y dejarlos pasar.
Es válido suponer que las personas que habitan en estas ciudades y regiones viven bajo el miedo, pero también bajo el enojo y la frustración de que nada pueden hacer ante la fuerza e impunidad de los criminales, por lo que el temor de que lo ocurrido en Allende o en Reynosa, podría repetirse fácilmente en sus localidades. De ahí la pregunta de por qué el Estado no interviene de manera decidida, reconociendo que su capacidad de fuego, entrenamiento y equipamiento es mayor a la de los delincuentes.
Desde esta perspectiva, la estrategia nacional de seguridad pública se está traduciendo en la percepción de una especie de “retirada” del Estado. El problema, sin embargo, es que la lógica de la criminalidad es siempre expansiva, y que buscará ocupar todo aquel espacio en el que le sea permitido incidir, actuar y hasta gobernar, vía la imposición de autoridades en cargos públicos.
En su magistral libro Masa y Poder, Elías Canetti diferencia a la fuerza del poder. La primera, tiene un carácter temporal, limitado; el segundo, se prolonga en el tiempo, se ejerce con mayor extensión territorial; el poder consiste sobre todo en gobernar a la fuerza.
Hasta ahora, lo que hemos visto del crimen organizado es un ejercicio cada vez más osado de su fuerza; el riesgo, sin duda alguna, es la incursión cada vez más abierta del crimen organizado en los procesos y estructuras institucionales; pero es tan reiterado, que el Estado podría enfrentar una disputa por el ejercicio del poder; y ese es un escenario que nadie quiere para nuestro país.
Investigador del PUED-UNAM
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