México experimenta, y lo seguirá haciendo en los próximos años, un conjunto de cambios profundos, no sólo en la forma de discutir en torno a los asuntos públicos, sino, al mismo tiempo, en cómo éstos se enfrentan y cómo se diseñan las políticas y los programas públicos en materia de bienestar y desarrollo social.
El Presidente de la República, hay que reiterarlo, posee una narrativa diametralmente opuesta a la que habíamos escuchado en los gobernantes de las últimas cuatro décadas; y en ella se cifran las claves para construir un diálogo respetuoso respecto de las decisiones que está tomando y habrá de hacerlo a lo largo de los siguientes seis años.
Desde esta perspectiva, hay que señalar el tema relativo a qué entiende la nueva administración que le corresponde al Estado y qué le corresponde al mercado, en la provisión y generación de los programas y servicios sociales.
Así, han sido de tal relevancia las medidas anunciadas (recorte y modificación de la estrategia en materia de estancias infantiles, albergues para mujeres víctimas de violencia extrema, autonomía universitaria, etcétera), que han ocultado el fondo de la cuestión: a saber, cuáles son las políticas del Estado mexicano para dar cumplimiento y garantía a los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población.
En esa lógica, es importante destacar que en materia de información, no bastan las intensas y cotidianas conferencias matutinas del Presidente; se requiere por el contrario, que éstas sean traducidas en documentos que presenten el diagnóstico, que definan claramente los objetivos y metas que se buscan alcanzar en esta administración y, sobre todo, que permitan conocer cuál es la lógica de la toma de decisiones y, con base en ella, clarificar cuáles son los “horizontes” que tiene esta administración en las distintas áreas de responsabilidad del gobierno.
Lo deseable en democracia es discutir sobre diagnósticos basados en evidencia, y a partir de ellos, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas a que está obligado todo gobierno, discutir abiertamente si lo que está en esos documentos tiene sustento, si sus conclusiones son adecuadas y si las soluciones que propone son pertinentes para el desarrollo nacional.
Hasta ahora, sólo por lo declarado en múltiples espacios por el Presidente, lo que se encuentra es el supuesto de que es el mercado el principal agente provisor de servicios y bienes sociales: que al Estado le corresponde garantizar mínimos de ingresos, transferidos ahora de forma no condicionada y de manera directa a la población, para que sea ésta la que decida a dónde acudir para acceder a los servicios que su circunstancia le exigen.
En ese supuesto, se asume que hay servicios suficientes de calidad, que los “mercados sociales” distribuyen de manera equitativa los bienes y recursos disponibles, y que las personas, todas, tienen la capacidad de decidir cuándo y a dónde es mejor ir.
Lo anterior sin considerar, para usar el ejemplo de la decisión del cierre de los albergues para víctimas de violencia extrema, que hay personas que, aun cuando son agredidas brutalmente, que viven situaciones de abandono o dependencia, la precariedad y fragilidad de su salud emocional, física o sicológica es tal, que requieren del acompañamiento de equipos multidisciplinarios integrales, que les permitan enfrentar su condición. Y lo mismo puede decirse de personas con discapacidad, adultos mayores y el conjunto de personas en condiciones de vulnerabilidad, temporal o permanente.
Las condiciones en que vive la mayoría de la población exigen de más Estado: de un entramado institucional coordinado, capaz de diseñar soluciones integrales e inteligentes; y requiere recuperar los principios de solidaridad, subsidiariedad y complementariedad entre Federación, estados y municipios.
Se ha dicho reiteradamente frente al régimen neoliberal: necesitamos más Estado, más instituciones y más democracia para regular la voracidad y el carácter inequitativo de los mercados capitalistas, y particularmente, en el ámbito de lo social.
