Sólo 3 de cada 10 jóvenes que tienen entre los 18 y los 24 años de edad tienen la oportunidad de estar matriculados en la educación superior. Sin embargo, este promedio no debe ocultarnos la realidad que se vive en las entidades más pobres y con mayor rezago, en donde las coberturas apenas rebasan el 20%.
Esta condición se combina con la precarización del mundo del empleo, lo que está llevando a una compleja situación en la que las y los jóvenes, no tienen oportunidades de acceder a una educación de calidad, pero tampoco a empleos; es decir, ya no se trata únicamente de jóvenes que tienen que tomar empleos de mala calidad, sino que no tienen siquiera acceso a una ocupación productiva remunerada.
De acuerdo con los datos oficiales, en México el 21.3% de las y los jóvenes que tienen entre 12 y 29 años de edad no estudian ni trabajan; en los extremos están los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, los cuales tenían en el año 2010 los menores porcentajes relativos a la no asistencia escolar y la no participación en el trabajo, con indicadores de 10.7, 11.1 y 12.6 por ciento, respectivamente.
En el sentido opuesto, los estados de Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí presentan los peores indicadores en esta materia, con 31.3, 29.6 y 29.5 por ciento, respectivamente.
Estos datos constituyen una síntesis de las condiciones socioeconómicas globales de México, y nos revelan el impacto de un modelo de desarrollo que no está orientado al pleno cumplimiento de los derechos humanos; y entre ellos, los dos fundamentales relativos al acceso a un empleo digno y a una educación oportuna y de calidad.
Lo que la información de que disponemos nos revela, es sin duda la ruptura de un curso de desarrollo centrado en las cosas y no en las personas; lo cual obliga al replanteamiento del modelo, y al impulso de un nuevo Estado de Bienestar en el que el empleo y la educación sean dos de sus principales pilares.
En este contexto, los retos para la educación superior son inmensos: desde la necesaria transición y adecuación a la llamada “sociedad del conocimiento”, hasta una adecuada revaloración y recuperación de las humanidades y las artes, a fin de garantizar que ninguna rama del saber será descuidada.
Por otro lado, hay una necesaria y urgente vinculación entre las universidades y el mundo productivo; y no para adecuar a los planes de estudio a lo que dicta el mercado, sino para darle claridad y certidumbre a la posibilidad de realización de las vocaciones personales, en aras de lograr la congruencia y compatibilidad entre los modelos educativos y la realidad socioeconómica del país.
Reconociendo que son las instituciones de educación superior las que tienen el reto de impulsar su propia transformación, en esta edición de México Social hemos acudido a rectores y directores de nueve instituciones de educación superior, para conocer cuál es su visión en torno a los retos que se enfrentan en el presente y con perspectiva de futuro.
Es en esa perspectiva que debemos ser capaces de reconocer y comprender, que un proyecto de desarrollo nacional para el bienestar y la equidad, no puede prescindir de las universidades públicas, como mecanismos de inclusión social, y como los espacios privilegiados para el fortalecimiento permanente de capacidades cívicas para la vida democrática.
Sin duda alguna, en México Social somos privilegiados de contar con las voces de destacadísimos universitarios, que han aceptado generosamente expresar sus ideas y verterlas en un conjunto de propuestas que resultan clarificadoras sobre los pasos a seguir en esta materia.•
