por Pablo Escandón
La protección de la salud es considerada un derecho social donde el grado y calidad de cobertura proporcionada por el Estado ha evolucionado de manera sorprendente, particularmente desde la reforma Constitucional realizada en 1983, con la cual por primera vez se considera como una garantía individual. A partir de la misma, México ha atravesado por cambios trascendentales que, sin duda alguna, han repercutido en la mejora de la salud de la población
Como prueba de ello, podemos mencionar la transición demográfica sufrida particularmente desde 1930, donde la esperanza promedio de vida pasó de 30.4 a 65 años, esperando para el 2050 que el promedio supere los 80 años de edad; o bien, la transición epidemiológica, donde el perfil de morbi-mortalidad de los mexicanos ha cambiado de tal forma, que las enfermedades que más afectaciones de vida y salud provocan son las crónico-degenerativas, repercutiendo de forma importante en la estabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.
Por otro lado, el aumento en las comunicaciones y la difusión de la publicidad han generado que la población cada vez tenga más acceso a información relacionada con la salud y los productos y servicios que apoyan a alcanzarla o preservarla.
No omito mencionar las transformaciones sufridas en los últimos años respecto del modelo venta de medicamentos, particularmente desde 1997, donde vemos una convergencia en el mismo establecimiento tanto de venta de productos como de prestación de servicios de salud.
Todos estos cambios, sin duda alguna han contribuido a mejorar el acceso a la salud de los mexicanos; sin embargo, nos obligan como miembros de una sociedad a reflexionar sobre la velocidad con la que los mismos se han dado y si se adecuan o no al marco regulatorio vigente a fin de proteger a la población de riesgos sanitarios, y en particular, de riesgos asociados con los medicamentos.
La ordenación de medicamentos es una necesidad universal y por ello, los medicamentos deben estar perfectamente regulados para otorgar la garantía a los pacientes de que los productos que consumen son seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados, prescritos y con información apropiada.
Sin embargo, la situación que guarda actualmente nuestro marco regulatorio nacional en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos pudiera considerarse vaga y poco precisa al no establecer las reglas claras sobre las cuales deberá basarse dicha prescripción y la sustitución de medicamentos, siendo precisamente la existencia de políticas farmacéuticas claras y coordinadas uno de los factores que contribuyen al uso correcto de los mismos.
Por ello, es que un grupo de empresarios, académicos, médicos, abogados y otros profesionistas dedicados a diversos sectores de la salud que compartían el anhelo de propiciar un mayor beneficio para el paciente, contribuyendo a mejorar las prácticas relacionadas con la prescripción, uso y dispensación de medicamentos, se unieron formando el Consejo para el Fomento de la Ética Médica, Dispensación y Uso Racional de Medicamentos, A.C. (COFEMEDIR), cuyo objeto fundamental se centra en desarrollar y recomendar principios, políticas y prácticas que propicien la educación y la investigación conjunta en materia de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos.
COFEMEDIR busca apreciar las necesidades societarias y ser ente coadyuvante para el sector público, privado y social que busque mejorar las prácticas sanitarias en materia de prescripción, uso y dispensación racional de medicamentos.
Asimismo, en COFEMEDIR queremos ser coadyuvantes con las autoridades sanitarias para direccionar los problemas detectados en materia de riesgos sanitarios, creando un valor compartido y sin un fin de lucro, lo cual estamos seguros de que nos conducirá a una nueva ola de beneficio para la salud de la población.
Por ello, extendemos la más cordial invitación a todas aquellas personas físicas y morales dedicadas a la industria de la salud en México que tengan el interés y el deseo de contribuir con nosotros a disminuir los riesgos sanitarios asociados a los medicamentos y coadyuvar a fomentar y promover el uso racional de medicamentos.•
