Un grupo de personas difundimos recientemente un análisis preliminar y una serie de propuestas[1] sobre una iniciativa oficial que propone múltiples cambios a la ley más importante de medio ambiente en México. La propuesta de la Presidenta de la República fue recibida en la Cámara de Diputados el 1º de septiembre, y, de hecho, busca expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)[2].
Escrito por: Enrique Provencio D.
Muchas leyes pueden quedar rebasadas por cambios en la situación de la materia que regulan, por la aparición de nuevos enfoques o porque se generan incongruencias con otras piezas legislativas, entre otras razones. La LGEEPA original data de 1988, y tuvo reformas muy importantes en 1996. Desde entonces, ha tenido cambios que en muchas ocasiones han sido caprichosos o irrelevantes, con añadidos confusos y según impulsos políticos inmediatos. Apenas hace unos meses se publicaron algunas modificaciones. Esta es una ley que se considera un marco de otras leyes secundarias que se han ido aprobando con el tiempo, como las de vida silvestre, cambio climático, responsabilidad ambiental, economía circular, derecho al agua y otras más.
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La propuesta de ley se presentó sin consulta pública previa, aprovechando que la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos exime a las iniciativas presidenciales de pasar por el análisis de impacto regulatorio. La Titular de SEMARNAT ya se comprometió públicamente a promover en la Cámara de Diputados un parlamento abierto para examinar con detenimiento el proyecto. Varias organizaciones también han apoyado que se realice una discusión real y que no se apruebe apresuradamente, como ocurre en la mayoría de los casos. Sería una tremenda incongruencia que no se diera una intervención social abierta y activa en la ley que regula el derecho al medio ambiente sano, y que tiene entre sus principios fundamentales, precisamente el de la participación ciudadana.
La iniciativa tiene cambios relevantes que ponen al día esta ley, como la introducción del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, la actualización de las políticas de conservación, el énfasis en la restauración, la mejora en los instrumentos de autorregulación y cumplimiento voluntario, entre otros aspectos. También refuerza diversos principios cuya aplicación se debilitó notoriamente entre 2019 y 2024, como la transparencia, la participación consultiva, la disponibilidad y el acceso a la información, y sobre todo la prioridad estratégica de la política ambiental, de sus instituciones y su financiamiento. En ese periodo la SEMARNAT asumió el papel de defensora y promotora de los proyectos y las inversiones gubernamentales, aunque implicaran altos impactos ambientales.
La evaluación ambiental estratégica es algo que desde hace mucho tiempo se ha propuesto con el fin de que la planeación del desarrollo, el diseño de estrategias y la formulación de los programas integren desde el origen, desde su concepción y diseño, la protección del medio ambiente y la sustentabilidad. La adopción de este instrumento sería un gran avance, y facilitaría que los proyectos específicos de inversión ya surgieran alineados con los criterios ambientales y tuvieran manifestaciones y evaluaciones de impacto mejor formuladas. Hay, sin embargo, riesgos de que con el manto protector de una evaluación ambiental estratégica se terminen validando obras de alto impacto que no pasen por el procedimiento específico de evaluación, como podría desprenderse de la idea de que ambos instrumentos son equivalentes (nuevo artículo 28 propuesto en la iniciativa). Quizá en el actual gobierno no se sucumba a esa tentación, pero ya vimos en el sexenio pasado que ante las premuras por sacar adelante algunas obras, se les declaró con carácter de seguridad nacional y hasta se les exentó temporalmente de la obligación de ser evaluadas en sus impactos ambientales.
En este y en otros temas la propuesta legislativa requiere un examen a fondo, que cuente con el conocimiento de muchas personas expertas en el derecho y la gestión ambiental, que se han formado en estas materias en las últimas cuatro décadas y tienen experiencia en todos los campos relevantes del tema, desde el ámbito internacional hasta el local. En realidad, lo que se necesita es una revisión sistemática del entramado de leyes que forman el campo jurídico ambiental, y que conforme se ha ido ampliando, ha incrementado su complejidad, pero también las contradicciones, redundancias e inconsistencias, sin que necesariamente haya ganado mucho la aplicación de la ley, la efectividad de la política ambiental y el cumplimiento de los derechos. Siempre hay prisas para aprobar las iniciativas del Ejecutivo, pero se ganaría mucho si la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se realizara con la intención de poner orden a todo el aparato jurídico ambiental, y en una segunda etapa, reformar y simplificar las demás leyes secundarias.
Las autoridades ambientales tendrán más cargas y responsabilidades si esta iniciativa se aprueba, pero, según el dictamen de impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda, la nueva ley no implicará más presupuesto para este año ni para los siguientes. Esta es la fórmula usual que se utiliza para solventar los trámites de las propuestas de ley del Ejecutivo, es cierto, pero el problema es que los recursos económicos para medio ambiente siguen estancados o a la baja desde hace más de 10 años, salvo los que se destinaron a las inversiones en agua sobre todo entre 2021 y 2024. Habrá más responsabilidades públicas, pero no más apoyos para las operaciones normales, y sobre todo para la promoción y el fomento de la protección ambiental, que tanto se enfatizan en la iniciativa de nueva ley. A no ser que haya una sorpresa y el presupuesto de 2027 mande una señal distinta. Veremos.
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- [1] Sobre la iniciativa de una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 3 de septiembre de 2026.
- https://ceiba.org.mx/storage/app/media/publicaciones/Difusion/NOTAINICIATIVALGEEPA_03-09-2026.pdf
- [2] Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 1 de septiembre de 2016. https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/sep/20260901-II-2.pdf
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