La justicia frente a la transformación digital del crimen

La transformación digital del crimen obliga a revisar qué entendemos por seguridad y cómo evaluamos las instituciones encargadas de garantizarla. Cuando las redes delictivas pueden contratar capacidades tecnológicas, coordinar operaciones entre países y explotar vulnerabilidades mediante plataformas digitales, perseguir hechos aislados resulta insuficiente. Se necesita comprender las relaciones que hacen posible el daño y construir respuestas capaces de proteger a quienes encuentran mayores dificultades para defenderse.

México social/ Redacción

La Declaración de Abu Dabi, adoptada en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, reconoce esta complejidad. Según la nota de Noticias ONU, los Estados identificaron desafíos que incluyen la ciberdelincuencia, el fraude y modalidades descritas como “crimen como servicio” y “violencia como servicio”. Estas expresiones remiten a una organización delictiva en la que ciertas capacidades pueden ofrecerse y contratarse, facilitando la colaboración entre actores con funciones distintas.

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Su relevancia consiste en que la tecnología modifica las condiciones de organización del delito. Una red puede aprovechar servicios e infraestructuras sin controlar directamente todos sus componentes. La distancia entre quienes ofrecen herramientas, quienes coordinan operaciones y quienes ejecutan las agresiones puede dificultar la atribución de responsabilidades. Frente a ello, la cooperación internacional exige capacidades compartidas de investigación y mecanismos que impidan aprovechar las discontinuidades entre instituciones y fronteras.

Pero la sofisticación criminal debe analizarse desde sus consecuencias humanas. La nota destaca a niños reclutados por pandillas, mujeres que sufren violencia digital y jóvenes atraídos hacia redes de estafa mediante promesas de oportunidades. En estos casos, la prevención requiere comprender cómo la necesidad económica, la desprotección y las expectativas de una vida mejor pueden convertirse en puntos de entrada para la explotación.

Por eso, evaluar una política de seguridad exige preguntar si una víctima encuentra protección, si recibe asistencia jurídica y si puede denunciar sin exponerse a nuevas agresiones. Para México, este enfoque ofrece un criterio indispensable: la modernización institucional debe traducirse en capacidades accesibles para la población. Comprar tecnología tiene escaso valor público cuando persisten obstáculos para investigar denuncias, acompañar a las víctimas y sostener procedimientos confiables.

La Declaración también propone digitalizar la justicia y aprovechar la inteligencia artificial, con supervisión humana, transparencia, debido proceso y protección de datos. Estas condiciones forman parte de la eficacia institucional.

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