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COVID19, vacunación desigual

Detener la COVID19 implica mucho más que esfuerzos nacionales aislados. Al tratarse de una pandemia altamente contagiosa y mortífera, sobre todo en los países donde las medidas de prevención han sido laxas, y donde los sistemas de salud eran más endebles ocasionando esto la vacunación desigual.

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De hecho, han sido los países con gobiernos liderados por plataformas populistas y con altos niveles de ideologización en sus discursos de legitimización del poder, donde la mortandad ha sido mucho más severa, y donde las poblaciones han padecido mayor muerte y desolación.

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Hasta el día 9 de junio de 2021, el sitio de la Universidad Johns Hopkins, que compila la información disponible a nivel internacional sobre el número de contagios y decesos provocados por la pandemia, tenía un registro de 174.26 millones de personas infectadas, y de 3.75 millones de decesos por la infección provocada por el virus del SARS-COV-2.

Hasta ahora, México es el cuarto país con mayor número absoluto reconocido oficialmente de defunciones por la COVID19; superado sólo por Estados Unidos de América, donde el número de decesos es de 598,762 personas; Brasil, con la cifra de 479,515 muertes; la India, con 353,528 y en cuarto sitio nuestro país, con 229,100 personas de quienes se ha reconocido que han muerto por este padecimiento.

En los Estados Unidos de América, sin embargo, la llegada de Joe Biden a la presidencia de su país, hay un giro de 180 grados en la política de prevención y atención a la pandemia, logrando una vacunación ya superior del 40% de su población con esquema completo. Pero si esto se contrasta con lo que está ocurriendo en América Latina, las diferencias que resultan son enormes, sobre todo en aquellos países con mayores niveles de pobreza, rezagos sociales y múltiples desigualdades.

Así, países como Bolivia, Ecuador y Perú, según datos del 9 de junio de este año, de la Organización Panamericana de la Salud, se ha logrado la vacunación de apenas cerca del 3% de sus poblaciones. En otros países como Trinidad y Tobago, Guatemala y Honduras, la vacunación ha llegado apenas al 1% de sus poblaciones.

Si estos datos se interpretan, por ejemplo, a la luz de los nuevos flujos migratorios de Centroamérica y el Caribe hacia México y los Estados Unidos de América, difícilmente podrá tenerse un control efectivo de posibles brotes de contagio, pues precisamente las personas migrantes en situación y regular, constituyen grupos de alto riesgo de contagio, debido a las inhumanas condiciones en que se ven forzadas a viajar.

Esta circunstancia podría llevar a nuevas medidas mucho más restrictivas e incluso violentas de control de la migración irregular y la movilidad forzada de las personas, si los Estados Unidos de América exigen una vez más que se incrementen los recursos y medidas para impedir el paso de migrantes por el territorio nacional e impedir su eventual llegada a los EEUU.

La reciente visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México pudiera apuntar hacia esa dirección, ante estos dos países que comparten una frontera que, podría quizá, ser considerada de las más porosas a nivel internacional, pues es sabido el incontable puntos de cruce fronterizo sin ningún control institucional, y por donde circulan todo tipo de tráficos, lícitos e ilícitos.

Desde esta perspectiva, la situación de la pandemia debe ser atendida desde una perspectiva regional; y con un enfoque decididamente humanitario; y en esa lógica, destaca el mensaje de la directora de la OPS; Carissa Ettiene, quien ha redoblado los llamados a una actitud mucho más solidaria de los países que hasta ahora tienen excedentes de vacunas, para lograr la cobertura del 70% que no tendrían acceso a una dosis que les proteja mediante el mecanismo COVAX.

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De acuerdo con la CEPAL y otros organismos, el hambre y la pobreza podrían haberse cuadriplicado entre 2020 y 2021 en la región de Centroamérica y el Caribe; y esa, debe decirse, es una situación que no podrá resolverse a través de las propuestas caricaturescas como las del gobierno mexicano, de extender el programa “Sembrando vida” a la región.

Los rezagos estructurales de la región obligan a pensar en otras coordenadas las opciones que se tienen para el crecimiento económico y el desarrollo humano, a fin de lograr el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; pues si, bajo el argumento de que la pandemia produjo efectos sumamente perniciosos, se renuncia desde ya a su cumplimiento, la condena pesará sobre las personas en mayores condiciones de pobreza.

Urge pues una nueva alianza regional para la transformación estructural del curso de desarrollo, con una perspectiva de desarrollo sostenible, pero además y, sobre todo, dirigida al más amplio cumplimiento de los derechos humanos -especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto implica a su vez, tomar como el centro de articulación de las políticas públicas, a la perspectiva de género y a los derechos de la niñez.

De acuerdo con la OPS, Brasil, Ecuador y Perú registran importantes niveles de descenso en el número de casos de COVID19; pero también hay repuntes en Argentina, Uruguay y Chile, así como un nuevo incremento en los decesos en Colombia y Bolivia.

En México, a pesar de la aparente estabilización en el número de casos y decesos, el escenario aún puede ser caracterizado como de incertidumbre, sobre todo ante el uso político y poco transparente en los datos relativos a la pandemia, pues la información relativa al exceso de mortalidad continúa mostrando elevados niveles.

Lo que sigue es más recursos, más solidaridad y sobre todo, más compromiso ético; pues ante la enfermedad y la muerte, resulta totalmente condenable la actitud mezquina disfrazada de “austeridad” de varios gobiernos de la región.

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Investigador del PUED-UNAM

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