por Mario Luis Fuentes
En México la procuración e impartición de justicia sigue en deuda con la sociedad: sólo se denuncia el 12% de los delitos; el 95% de la población percibe que sólo en pocas ocasiones o nunca se sanciona a los delincuentes; 35 mil de cada 100 mil mayores de 18 años han sido víctimas de algún delito; el promedio de un proceso que debería tardar como máximo 3 meses, es de 15; mientras que el 35% de quienes están privados de su libertad están en espera de una sentencia judicial.
El acceso a la justicia es uno de los bienes sociales más preciados. A pesar de ello, en nuestro país carecemos todavía de un sistema de procuración e impartición de justicia que responda a cabalidad con los preceptos constitucionales en la materia: respeto a los principios de presunción de inocencia y legítima defensa; acceso expedito y equitativo a la justicia; así como la garantía plena del principio Pro Persona.
Infortunadamente, todos los días se documentan casos en los que procesos que deben resolverse en plazos máximos de tres semanas, su análisis y resolución se prolonga hasta por siete meses; casos en los que la pobreza y la ignorancia impiden que las personas en conflicto con la ley accedan con oportunidad a un abogado y o a la defensoría de oficio; y quizá lo peor; de acuerdo con el jurista Miguel Carbonell, sólo alrededor del 5% de las sentencias se dictan con base en investigación sustentada en investigación científica.
Sin duda alguna, la corrupción y la impunidad continúan siendo los principales enemigos del acceso a la justicia, lo que ha llevado a una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en las instancias responsables de procurarla e impartirla, con las nefastas consecuencias que esto tiene en la construcción de la legitimidad democrática de las instituciones del Estado.
El reinado de la impunidad
La percepción ciudadana respecto del desempeño de las autoridades de procuración e impartición de justicia es sumamente negativa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, 2013, que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 83% de la ciudadanía considera que Casi nunca, o definitivamente nunca se sanciona a los criminales.
Las cinco entidades en donde peor percepción existe son: el Distrito Federal, en donde el únicamente el 94.5% de la ciudadanía considera que nunca o casi nunca se sanciona a las o los responsables de la comisión de algún delito; en segundo lugar se ubica el Estado de México, con un porcentaje de 90.4% de opiniones en el sentido señalado.
En tercer sitio se encuentra el estado de Guerrero, con un porcentaje de 88.3%; le sigue Tabasco con un indicador de 87.5%; y en quinto lugar, empatados con un dato semejante, los estados de Morelos y Oaxaca, en donde el indicador es de 87.2%.
Cifra negra
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país sólo se denuncia, como promedio nacional, el 12.2% del total de los delitos que se cometen. Las entidades en que en menor medida se da la denuncia son: Guerrero, en donde sólo son denunciados ante la autoridad el 6.7% de los delitos; en segundo lugar se ubica el estado de Guanajuato, en donde el indicador es de 8.9%
En tercer sitio se encuentra el estado de San Luis Potosí, con un 9.2% de delitos que llegan a oídos de la autoridad, seguido del estado de Nuevo León, con el 9.4%; y en quinto lugar, empatados con indicadores similares, el Distrito Federal y Sinaloa, con un porcentaje de 10.2% en cada uno de ellos.
Personal insuficiente
Uno de los elementos asociados a la procuración e impartición de justicia es el relativo a las condiciones de inseguridad pública y la capacidad que tienen los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, para garantizar seguridad para toda la ciudadanía, y en particular, para los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la delincuencia.
Por lo anterior, resulta importante destacar que, de acuerdo con la información del INEGI, en nuestro país se tiene el dato de que, como promedio nacional, habría 146.44 personas en funciones de seguridad pública, por cada 100 mil habitantes; quizá lo más importante a destacar respecto a este promedio es que 26 entidades están por debajo de ese promedio, el cual está fuertemente influenciado por los números existentes en entidades como el Distrito Federal, en el cual el promedio es de 908 personas en funciones de seguridad pública, por cada 100 mil habitantes.
Según las bases de datos del INEGI, los estados con los peores indicadores en el año 2012 eran: Guanajuato, en el último lugar nacional, con un promedio de 2.19 personas por cada cien mil habitantes; Sinaloa, con un promedio de 12.51; Baja California, con un indicador de 17.6 personas dedicadas a la seguridad pública por cada 100 mil habitantes; Coahuila, con un promedio de 18; y Michoacán con un dato de 21 personas en funciones de seguridad, por cada 100 mil habitantes.
Un país de víctimas
El INEGI proporciona información respecto del nivel de victimización que existe en el país; en la citada Encuesta Nacional de Victimización los datos muestran que tenemos en el país una tasa promedio de 35,139 delitos cometidos, por cada 100 mil mayores de 18 años.
Las entidades con mayores tasas son: el Estado de México con una tasa de 56,172 delitos por cada 100 mil personas mayores de 18 años; el Distrito Federal con una tasa de 49,198 delitos, en razón de la población señalada; Jalisco, con una tasa de 49,083 delitos por cada 100 mil en el grupo de edad; Quintana Roo, con una tasa de 40,279 delitos; y en quinto sitio Baja California con 39,297 casos por cada 100 mil mayores de edad.
Lentitud criminal
Una persona que es sujeta a proceso penal tiene que esperar, como promedio, un tiempo aproximado de 15 meses, desde el momento en que su caso es consignado a un juez y hasta que se le es dictada una sentencia en primera instancia. Este indicador muestra la permanente violación de los artículos 18 y 19 de la Constitución, pues la dilación se da en distintas etapas del proceso.
Los casos más graves son los de las personas que son privadas de su libertad, y tienen que esperar hasta 20 días para que se determine su situación jurídica, pues el envío y recepción de los “Exhortos penales” se lleva a cabo todavía mediante mecanismos arcaicos que llevan al uso y costumbre, a todas luces inconstitucional de la “suspensión” del proceso, mientras es llevado o traído un expediente.
Estas y otras violaciones graves de los derechos humanos, toleradas por la Judicatura Federal, se traducen en el hecho de que, como promedio nacional, el 35% de las personas detenidas en algún penal, ya sea estatal o federal, se encuentran en espera de una sentencia.
A pesar de lo anterior, hay 24 entidades en las que se supera este indicador; los peores indicadores se encuentran, según los datos del INEGI: Quintana Roo, en donde el 58.3% de las personas privadas de su libertad están sujetas a proceso; en segundo lugar se encuentra Tabasco, con el 55.4%; en tercer sitio se ubica Yucatán, con el 54.3%; en cuarto lugar Tlaxcala con el 50.4%; y en quinto lugar Aguascalientes, con el 49% de las personas detenidas, y que se encuentran en espera de una sentencia judicial.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 29- Abril- 2014, p.20
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