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Tener libertad para asociarse políticamente, libertad para expresar ideas, libertad para votar y ser electo, son algunos de los derechos políticos de las y los mexicanos que se encuentran establecidos en los artículos 1°, 2°, 6°, 35 y 41 de la Constitución. Para garantizarlos y hacerlos efectivos, el régimen político cuenta con leyes reglamentarias electorales y tres instituciones fundamentales: el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Fueron las Reformas constitucionales político-electorales de la década de los años noventa (después de la crisis política que generó el fraude electoral de 1988), las que dieron vida a estas instituciones. Hasta ese entonces, las elecciones tanto federales como locales, eran organizadas desde el Poder Ejecutivo. De esta forma, el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE, fue creado como un órgano garante de la libertad política de los ciudadanos para ejercer su derecho a votar y ser electos. Porque sin la garantía a esta libertad, el origen del poder político se corrompe. Al respecto, Giovani Sartori escribió: “…la libertad política rechaza el poder arbitrario y absoluto exigiendo su transformación en poder legal, en un poder limitado por las leyes iguales para todos. La libertad política combate el abuso de poder; lo que pide es el poder de controlar y limitar el ejercicio de poder.”[1]
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En ese contexto, desde su creación, el Instituto ha sido una herramienta fundamental para derrotar el viejo régimen político presidencial autoritario y transitar hacia la consolidación de un régimen democrático. Fue a partir del en el año 2000, con el inicio de las alternancias políticas de la Presidencia de la República, y la conformación plural del poder legislativo, que pudo ser tangible la importancia de contar con un árbitro que garantiza la transparencia de los procesos electorales.
Ciertamente, conformar un INE autónomo e independiente del Poder político no ha sido una tarea fácil porque la elección de sus consejeros tiene origen en un órgano político: la Cámara de Diputados. En base a esta facultad exclusiva, mediante votación, son los diputados los que deciden sobre los integrantes. Pero el proceso no se rige sólo por acuerdos políticos, sino por una serie de reglas y filtros para seleccionar, previamente a la votación, a aquellos que son considerados como personas altamente capacitadas para tomar decisiones respecto a la organización de los procesos electorales y más aún, para valorar su papel como garantes de la democracia.
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No hay constancia, hasta este momento, de que las y los consejeros hayan actuado de forma contraria. Sin embargo, el órgano ha estado expuesto a la descalificación de diversos actores políticos y en algunas ocasiones, de forma injusta, los y las consejeras, han pagado un alto costo en aras de la democracia y la gobernabilidad política. Tal fue el caso de la elección presidencial del 2006. Después de declarar quién había ganado la elección, hubo repudio contra los integrantes del Instituto por parte del candidato perdedor, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces, las consecuencias de los acuerdos entre los partidos políticos para superar la crisis política (que había generado declarar un vencedor con un margen de menos 1%), fueron devastadoras para los y las consejeras. Fueron destituidos.
Hoy, después de 15 años, han regresado los ataques y descalificaciones en contra del INE. Los consejeros son otros, pero la furia es la misma. Las descalificaciones se reiniciaron desde el 2018, en voz del mismo actor político que ahora, paradójicamente, ganó las elecciones. A las denostaciones presidenciales se han unido otros actores. Tal fue el caso del presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados quien, haciendo un uso indebido de su representación política, aprovecho el periodo de receso de sesiones del Congreso de la Unión para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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El Dip. Sergio Gutiérrez Luna fundamentó la presentación del recurso legal en base a lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, el 233, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que los artículos aludidos le otorgan facultades para representar a la Cámara de diputados, éstas no se refieren a que pueda tomar decisiones a nombre de sus integrantes, sino por el contrario, éstas, están sujetas a la voluntad colectiva de los legisladores. Es decir, el presidente solo puede ser el portavoz de la Cámara.
El tema de coyuntura por el que se desató esta nueva ola de confrontación en contra del INE, es la decisión mayoritaria de los y las consejeras Electorales para posponer la Consulta de Revocación de Mandato (por falta de presupuesto). Sin embargo, los presidentes del poder ejecutivo y legislativo, han evitado mencionar cuánto le costara a los mexicanos consultar algo que no se tiene que consultar; y, segundo, que fue la propia Cámara de Diputados, conformada con una mayoría parlamentaria morenista, la que decidió no presupuestar recursos para la Consulta. Pero, como ya lo dijimos, la embestida contra el órgano garante de la democracia no es nueva. ¿Por qué el INE que es un órgano garante de la democracia, está siendo atacado? Es algo que trataremos de descubrir en la próxima colaboración para los lectores de México Social.
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[1] Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, trad. de Miguel Ángel González Rodríguez y María Cristina Pastellini Laparelli Salomón, México, Taurus, 2005, p. 223
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