por Roberto Vélez Grajales
Hay varias razones para participar en la discusión sobre la medición del ingreso. De todas ellas, la principal que impulsa al CEEY a hacerlo es nuestra misión: generar conocimiento y transformarlo en políticas y acciones que impulsen la movilidad social
Contar con información precisa y comparable en el tiempo es una obligación que nos debemos imponer como país; con buena información podemos dimensionar el tamaño de los problemas y actuar en consecuencia. Pero nuestro fin último es de mayor alcance: fijar un objetivo de política social que vaya más allá de los pisos mínimos y el combate a la pobreza, ya que entendemos que la principal causa de la misma se encuentra en la falta de movilidad social.
Mucho y variado se ha escrito y dicho sobre las causas y los efectos de contar con una medición de ingreso incomparable como la resultante del levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS2015). Desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias hemos dado un seguimiento cercano a la discusión generada, misma a la que hemos asistido con gran interés y en la que también hemos participado de manera activa. De manera institucional hemos fijado una postura, además de que, junto con Oxfam México, hemos auspiciado una carta abierta dirigida al Coneval y al INEGI, suscrita inicialmente por más de 150 expertos de distintas áreas del conocimiento.
Esgrimiré tres razones por las cuales hemos concentrado nuestros esfuerzos en esta discusión. La primera es muy simple, el CEEY es una organización que se plantea una visión de país con una ciudadanía que debate y construye. En segundo lugar, en julio del año pasado emitimos un posicionamiento sobre el proyecto de decreto que expide la ley del Coneval1, en el que, entre otras cosas, urgíamos al Senado de la República a retomar una discusión que se derivaba de la ley reglamentaria aprobada desde octubre de 2014 por la Cámara de Diputados. Dicha urgencia, por cierto, se mantiene vigente, con la salvedad de que ahora se tendrá que desahogar en un ambiente que no podrá ser inmune a la sospecha y la desconfianza.
La tercera y principal razón se refiere a la misión del CEEY, que, como mencioné al inicio de esta columna, establece como objetivo generar conocimiento y transformarlo en políticas y acciones que impulsen la movilidad social. Es justamente aquí donde se finca el objetivo de largo plazo que motiva nuestro quehacer diario: una mayor movilidad social, es decir, asegurar que el logro de vida de las personas no esté predeterminado por sus condiciones de origen es un objetvo que va más allá del nivel de pobreza o el grado de desigualdad económica observados en una sociedad. Las magnitudes importan, pero su composición es clave. El costo social y económico resulta mayor si la composición de la pobreza y la desigualdad es inamovible: ¿la pobreza se hereda?, ¿las posiciones de privilegio se perpetúan de generación en generación?, ¿existen las condiciones para que mundos tan alejados se encuentren, reconozcan y compartan objetivos comunes?
En el debate actual sobre la medición del nivel de ingreso hemos esgrimido la necesidad de hacerlo bien, no sólo en los hogares más desaventajados, sino a lo largo de toda la distribución socioeconómica. Para lograrlo no sólo se requiere mejorar el diseño o los operativos de campo de las encuestas, sino reconocer de partida que existen limitaciones que no permiten cubrir o lograr alcanzar a todos los tipos de hogar que hay en el país. Lo anterior no tiene solución sin la apertura, el concurso y la generación de la normatividad adecuada para garantizar acceso a fuentes administrativas de ingreso. Además, se requiere realizar un escrutinio público sobre los esquemas instrumentados desde el gobierno para asegurarse de que los beneficiarios de programas sociales declaren el valor monetario correcto de las transferencias recibidas.
Se ha insistido en la necesidad de garantizar comparabilidad histórica de las fuentes de información que Coneval utiliza para medir pobreza. No se trata de un simple capricho o de una obligación por ley (que lo es), sino que resulta indispensable para fines como el nuestro. Aunque la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y el MCS son encuestas que no dan seguimiento a las personas a lo largo del tiempo, si su comparabilidad histórica se garantiza, entonces será posible observar tendencias en niveles y distancias entre grupos, lo cual nos ayudará a dimensionar el tamaño de las distancias a recorrer, o en otras palabras, la magnitud de las barreras para la movilidad social en México.
Los momentos de crisis como éste se constituyen en espacios de oportunidad para mejorar las cosas y fortalecer o redefinir objetivos. El nuestro, a nivel instrumental, es que se mida bien, de manera consistente y que la comparabilidad se mantenga en el tiempo. Pero en la parte conceptual impulsaremos, como alguno de los involucrados principales en este debate ha mencionado, que el objetivo de política social de México vaya más allá de garantizar pisos mínimos como los establecidos hasta ahora en materia de combate a la pobreza. En ese sentido, la idea que nos mueve es más amplia, se refiere a la igualdad de oportunidades y al acceso efectivo a derechos, que, de darse, derivarán en un país de mayor crecimiento económico y menor desigualdad impulsados por una mayor movilidad social.
Referencias
1. Organización que se inconformó cuando el pasado 15 de julio el INEGI anunció que debido “a las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo hacen que el Módulo [MCS2015] no sea comparable con los ejercicios previos
| Roberto Vélez Director de Movilidad Social y Bienestar Socioeconómico del CEEY. Economista con estudios doctorales en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Sus áreas de investigación se concentran en movilidad social, desarrollo humano e historia antropométrica. Twitter: @robertovelezg |
