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Rescatar el Estado de Derecho y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato

los Derechos Humanos en Guanajuato

En días pasados se dio a conocer públicamente que el Juez sexto de Distrito en Guanajuato admitió una demanda de amparo contra el acto de nombramiento de Vicente Esqueda Méndez como Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

José Manuel Ramos Robles
Experto Internacional en Derechos Humanos
Coordinador del Programa ProDerechos  

En días pasados se dio a conocer públicamente que el Juez sexto de Distrito en Guanajuato admitió una demanda de amparo contra el acto de nombramiento de Vicente Esqueda Méndez como Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

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Materia hay y de sobra para el amparo, pues en el proceso de selección de Esqueda Méndez se le seleccionó, aún siendo el menos preparado y con menos trayectoria para el cargo, otorgándole un puntaje específico sin fundarse o evidenciar ningún tipo de criterio establecido en la convocatoria y a posterior por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.  Aunque se denunció esta situación públicamente, el Congreso tomó su decisión fundada en un procedimiento irregular.

La admisión de la demanda de amparo constituye una firme oportunidad para rescatar el  Estado de Derecho en Guanajuato lacerado no solo por la violencia, la inseguridad y la falta de justicia para víctimas, sino también por las burdas simulaciones en procesos de elección de responsables de organismos autónomos orquestadas desde el Gobierno estatal y ejecutadas desde el Congreso del Estado.

Los Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (o Principios de París), son el parámetro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que orienta el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, como la PDHEG. La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRHI  por sus siglas en inglés, es la instancia encargada de velar por el estatuto mencionado y sus principios. Es importante señalar también que el proceso violentó al menos dos estándares básicos desarrollados por  el Subcomité de Acreditación de este mecanismo, Estos lineamientos son:  i. la promoción de amplias consultas y/o la participación en el proceso de solicitud, selección, elección y nombramiento con un amplio espectro de grupos sociales; y ii. la evaluación de las y los candidatos sobre la base de criterios previamente determinados, objetivos y a disposición del público[1].

La Ley para la Protección de Derechos Humanos que se reformó en 2018, fue un triunfo en aras de la autonomía de la PDHEG, ya que quitó al Poder Ejecutivo, de manera formal, la posibilidad de interferir en el proceso de selección del titular proponiendo la terna al Congreso para elegir al Ombudsperson. Facultad opaca y vergonzosa, pero hasta entonces legal. Lamentablemente, aunque cambió la ley, esto no alcanzó para erradicar la tradición “política” de que sea el Gobernador y sus cercanos en el gobierno y el Congreso quienes metan mano al proceso en su nombre y es lo que pasó. La diferencia es que hoy no solo es opaco y vergonzoso, como lo era ya en 2018, sino también ilegal.

Yo, como Sergio Arellano Rabiela y otras candidatas y candidatos de respetable trayectoria, fui candidato en este proceso. Lo fui, porque creo en las instituciones y en el Estado de Derecho y por la trayectoria que me avala. Sin embargo, desde muy temprano voceros del círculo cercano del Gobernador y su camarilla se encargaron de hacerme saber, a titulo personal, que ya había una decisión y que no tenía caso intentarlo. Es decir, que había dados cargados. Estos mensajes fueron arreciando durante el proceso hasta que se tornaron en grotescos acercamientos a mi entorno familiar para desestimular mis declaraciones “golpeadoras” a cambio de futuras posibles dádivas.

Se equivocan los gobernadores, las bancadas que juegan a la ceguera en el Congreso y los políticos y políticas que salen premiados por ello; que creen que en un caso tan dramático como el que vive Guanajuato en Derechos Humanos pueden tapar el sol con un dedo, o con un Procurador de partido a modo.

Hoy, un valiente juez de distrito tiene la oportunidad que ellos desdeñaron de hacer valer el imperio de la ley, como fundamento del Estado de Derecho. Esperemos que así sea y que no haya que recurrir a la justicia internacional poniendo en mayor vergüenza a las autoridades estatales.

En lo que se refiere al ciudadano Vicente Esqueda, que ostenta el cargo de manera espuria de Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, me sumo a la propuesta de diversos grupos y activistas para que renuncie de inmediato apelando a los más básicos principios éticos.

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[1] Informe del Subcomité de Acreditación del CIC, 3.6 Guatemala: Procurador de los Derechos Humanos, mayo de 2013, págs. 15-17.

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