Escrito por 1:00 am Desigualdades, Destacados, En Portada, Mario Luis Fuentes • 2 Comentarios

¿Qué hacemos con la educación?

Uno de los defectos más visibles del presidencialismo mexicano se encuentra en que cada seis años, los titulares del Ejecutivo proponen “reinventar” al país. El caso del sistema educativo es, en ese escenario, uno de los más afectados pues, al menos desde la década de los 90, el país ha estado atrapado en un marco de continuas reformas constitucionales y legales en la materia, que han tenido efectos de muy corto plazo, y con resultados mucho más que mediocres.

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El Censo de Población y Vivienda, 2020, levantado por el INEGI justo antes del inicio de la pandemia en el país, revela que había 4.45 millones de personas mayores de 15 años analfabetas, de las cuales, 2.5 millones tenían entre 15 y 64 años de edad. Asimismo, se estimó que había 27.9 millones de personas mayores de 15 años que no habían concluido la educación secundaria. Esto hace un total de 32.35 millones de personas que están en rezago educativo.

lee el articulo: Los rezagos y los retos para la educación post-pandemia

Tenemos como país un promedio de 9.74 grados de escolaridad, y niveles muy bajos de aprovechamiento y rendimiento escolar, lo que nos coloca como uno de los países con peores indicadores entre los que forman parte de la OCDE.

Este rezago histórico se ha visto profundizado por los efectos de la pandemia: 750 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020; mientras que más de 5.4 millones en edad de estudiar del preescolar al bachillerato no se encuentran inscritos en el ciclo 2020-2021.

Frente a lo anterior, hay un sentido de urgencia que debe asumirse, porque el efecto es doble: hay una pérdida de aprendizajes en todos los niveles educativos; pero también, en los grupos de menor edad, hay aprendizajes que no se están teniendo y que podrían condicionar negativamente sus capacidades de desarrollo integral presentes y futuras, por lo que hay que intervenir asertivamente en ambas dimensiones.

Desde esta lógica, el reto que tiene la Secretaría de Educación Pública es mayúsculo, pues no sólo deberá resolver los rezagos históricos, sino ahora hacer frente también a los retos que impone la pandemia, sobre todo en la adaptación de los métodos pedagógicos y contenidos curriculares. En esa medida, es realmente urgente y debería ser una de las mayores prioridades del gobierno, desarrollar un plan emergente que incluya al menos los siguientes tres ejes de intervención.

En primer lugar, evidentemente, garantizar que las niñas y niños que tuvieron que abandonar la escuela regresen de inmediato. Esto implica una tarea titánica para la SEP, pero que es también ineludible, para identificar dónde están esas niñas y niños y evitar a toda costa el incremento de fenómenos como el trabajo infantil, por poner sólo un ejemplo.

En segundo lugar, debería llevarse a cabo un diagnóstico que permita dimensionar el impacto del incremento en la cantidad de familias en pobreza, y cuántas de ellas tendrán que llevar a cabo la migración de sus hijas e hijos de escuelas privadas a la educación pública. Esto es crucial sobre todo para la estrategia de retorno seguro a las escuelas, y más aún en el modelo “híbrido que se está planteando” con la consecuente presión sobre los espacios físicos.

Lo anterior es sobre todo relevante en sectores rurales e indígenas, por lo que debe ponerse especial atención en instancias como el CONAFE, el INEA y los sistemas de telesecundarias y telebachilleratos, pues la tarea educativa para los grupos en mayor pobreza no puede retrasarse aún más de lo que ya está.

En tercer lugar, debería llevarse a cabo una medición lo suficientemente amplia sobre el impacto en el aprendizaje de las niñas y de los niños, para evitar que el tránsito entre grados sea una mera decisión administrativa. Esto implica toda una nueva estrategia de nivelación y remediación que busque además superar simultáneamente la brecha digital.

La plena garantía del derecho a la educación es clave para que México pueda convertirse en un auténtico país de bienestar. Por ello no hay tiempo qué perder y por ello todas las capacidades de que se disponen, deben ponerse en marcha para atender a este sector que, si ya tenía serios problemas, hoy enfrenta uno de los más grandes retos que hemos tenido en los últimos 100 años. De esa magnitud es la tarea que se debe realizar.

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